Cuando estábamos preparando una entrada para recordar el
20º aniversario de la incorporación de las mujeres a las fuerzas armadas, nos llega la noticia de la elección por parte del presidente del gobierno de CARME(N) CHACÓN PIQUERAS como ministra de Defensa. Se trata en este caso de la primera mujer en toda la historia de España en asumir este cargo.
Estamos por tanto ante un hito mas en la normalización institucional desde la perspectiva de género de la institución de las fuerzas armadas aunque tenga sus
detractores.
Según el
Observatorio de la mujer de las Fuerzas Armadas, el porcentaje de mujeres en este ámbito es del 12,3 % del total de efectivos, siendo en los cuerpos comunes del mismo del 18,1 %. En cuanto al acceso a empleos todavía se aprecia una subrepresentación en los mandos superiores.
En cualquier caso, las fuerzas armadas están haciendo un esfuerzo en la integración de su contingente femenino y han puesto en marcha un plan de
medidas de conciliación de la vida familiar y laboral que incluye conceptos ya conocidos en otros ámbitos labores.
Existe por tanto la intención de incorporar las medidas que figuran en la
Resolución 1325 de la ONU, que incluye medidas tales como:
1. Potenciar la participación de mujeres en las misiones de paz y en sus órganos de toma de decisiones.
2. Promover la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz.
3. Asegurar la formación específica del personal que participa en operaciones de paz, en materia de igualdad y sobre los distintos aspectos de la Resolución 1325, además de fomentar el conocimiento y difusión de la misma.
4. Proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas en zonas de conflicto y postconflicto (incluyendo campos de personas refugiadas y desplazadas) y fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres en los procesos de negociación y aplicación de los acuerdos de paz.
5. Incorporar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la planificación y ejecución de actividades para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (DDR), así como el adiestramiento especializado al respecto de todo el personal que participa en dichos procesos.
6. Fomentar la participación de la sociedad civil española en relación con la Resolución 1325.
